Fiscalidad Medioambiental

Abstract

El sistema tributario español cuenta con un buen número de figuras impositivas que gravan actividades o productos relacionados de alguna forma con el medio ambiente. La creación de tributos ambientales en España es relativamente reciente, teniendo todas las administraciones territoriales competencias en la materia, aunque limitadas y restringidas en el caso de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Este proceso legislativo ha sido impulsado por la Unión Europea, que tiene en la protección del medio ambiente uno de sus pilares, y promueve la reforma de los sistemas fiscales de los estados miembros para potenciar este tipo de tributos, y la reducción paulatina de los que recaen sobre el trabajo y el capital. Así, para el caso español, ha recomendado acentuar el proceso de creación de nuevos impuestos verdes o la modificación de los existentes, armonizando las normas aplicables en todo el territorio europeo. La función extrafiscal que caracteriza este tipo de tributos, y que busca el incentivo de ciertas conductas o actuaciones (las respetuosas con el medio ambiente) y el desincentivo de otras, (las gravosas o dañinas) en ocasiones puede confrontar con el principio de capacidad económica, cuando dichos tributos no gravan manifestaciones directas y reales de riqueza, sino otras más difusas e indirectas. El pretendido carácter ambiental de muchos de los tributos vigentes, tanto a nivel estatal como autonómico, en la mayor parte de los casos encubre un verdadero propósito recaudador. El esfuerzo del legislador en las Comunidades Autónomas por buscar materias y hechos imponibles no gravados por el Estado o las Entidades Locales, ha determinado la existencia de tributos que proporcionan escasa recaudación y con frecuentes conflictos de encaje con otros ya existentes, al producirse una doble imposición no permitida por el ordenamiento, lo que ha dado lugar a que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional alguno de ellos