En las últimas décadas hemos visto como los déficits públicos han supuesto un obstáculo al estado de bienestar, agravados por las crisis económicas, y condicionando el crecimiento y la capacidad de los gobiernos. Como consecuencia se han desarrollado nuevos marcos institucionales orientados a controlar las finanzas públicas. La Unión Europea ha implementado un empuje en este sentido. Desde esta perspectiva la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es la responsable de la supervisión de la política presupuestaria, para conseguir la estabilidad y sostenibilidad necesarias. Es necesario ahondar en sus antecedentes, su funcionamiento, y analizar su entrada en la normativa constitucional, la cual ha generado conflictos territoriales con la Comunidades autónomas y las entidades locales. El éxito de esta institución se debe valorar atendiendo al grado de independencia y a la relevancia de sus recomendaciones, pues al final será un éxito para toda la ciudadanía.
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