El control de convencionalidad constituye un instrumento jurídico empleado para comprobar el ajuste de las normas internas a lo establecido en el bloque de convencionalidad. Sin embargo, su recepción y aplicación no es la misma en el sistema interamericano respecto del europeo, y concretamente del español.
Con motivo de la reciente STC 140/2018, de 20 de diciembre, que ha supuesto el reconocimiento expreso del control de convencionalidad en sede constitucional dentro de nuestro ordenamiento por ello conviene analizar una serie de puntos. Primero, la posición que se le atribuye a los tratados y derechos convencionales dentro de nuestro ordenamiento; segundo, hasta qué punto el derecho convencional está en relación con el derecho constitucional, y las distintas posturas que se dan a nivel doctrinal en torno a este debate; tercero, cuál debe ser la jurisdicción encargada de llevar a cabo este control de convencionalidad; y por último, las nuevas posibilidades y retos que se presentan dentro de nuestro ordenamiento tras lo establecido en el fundamento jurídico sexto de la citada sentencia.
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