La libertad de información junto con la libertad de expresión se encuentra regulada en el artículo 20 de la Constitución española. Es un derecho fundamental que contribuye al desarrollo de una sociedad democrática. La información que publican los medios de comunicación se configura como un vehículo de control social de la administración de justicia. Sin embargo, no es un derecho absoluto pues la propia constitución española contempla unos límites como es el derecho al honor y a un proceso con todas las garantías. El avance tecnológico ha propiciado el surgimiento de problemas como la crítica a las resoluciones judiciales por medio de redes sociales que junto a las complicaciones de los juicios paralelos hacen del choque entre estos derechos un conflicto de difícil solución. El equilibrio entre la libertad de información y el respeto a los derechos del justiciable garantiza un correcto funcionamiento del poder judicial y la confianza de los ciudadanos en la justicia.
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