El derecho a la no autoincriminación se configura como un derecho fundamental integrado en el más amplio derecho de defensa y está reconocido en los tratados internacionales más importantes de nuestro entorno jurídico. Su operatividad en el marco del proceso penal no ofrece dudas, y tampoco su traslado al ámbito del procedimiento administrativo sancionador. Sin embargo, el objeto de este trabajo será realizar un análisis sobre el alcance del derecho a guardar silencio y a no confesarse culpable dentro del procedimiento administrativo, no solo sancionador, sino también de inspección, así como su operatividad en relación con las personas jurídicas. Todo ello a la luz de la jurisprudencia del TJUE.
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