La responsabilidad en la edificación ha estado desde hace tiempo en el punto de mira del legislador español, quien ha pugnado por ofrecer una regulación al día con un proceso constructivo complejo y que ofreciera una protección adecuada a los adquirentes de viviendas. Ésta es la razón de ser de la Ley de Ordenación de la Edificación, vigente desde el 2000, la cual establece las funciones y responsabilidades de los intervinientes en el proceso constructivo, ampliando el régimen de responsabilidad por ruina del artículo 1591 del Código Civil, así como un sistema de garantías para la cobertura de los daños. No obstante, esta Ley ha revelado una serie de dolencias en relación con sus objetivos iniciales, y que no sólo se reflejan en su redacción, sino también en su aplicación por los tribunales, donde puede verse cómo, en ciertos aspectos, no hace más que continuar la línea del artículo 1591
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