El objetivo del artículo es analizar la naturaleza de la conflictividad en la distribución alimentaria en España entre 2014 y 2021. La evidencia empírica la constituyen datos procedentes de registros administrativos tratados con métodos estadísticos (correlación y regresión lineal simple) y econométricos (regresión lineal multivariable). Como resultado, los operadores con mayor poder de negociación en el lado de la demanda, mayoristas e industria transformadora son los que ponderan más en el número de sanciones impuestas, por lo que el análisis resulta confirmatorio de que se ha ejercido poder de mercado en momentos concretos: 1) al formalizar o no contratos, 2) al condicionar el clausulado de los mismos, o 3) en el momento de pagar en plazo lo convenido. La evidencia del análisis podría ser útil para los operadores de la cadena de distribución alimentaria en el momento de establecer sus estrategias comerciales. También para los poderes públicos involucrados en el funcionamiento de los mercados agroalimentarios en el momento de diseñar políticas e incentivos.
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