The purpose of this work is the analyse of the legal issues related to the practice of the search and seizure diligence to obtain evidence of the crime committed, in the scope of the criminal investigation. Paying special attention to the guarantee of the fundamental rights that correspond to the person under investigation and the way in which new technologies have affected the criminal investigation. we have examined in this work, with this objective, the spanish legal reform introduced in our legal system in 2015 and the case law.
En el presente trabajo, es nuestra intención examinar la problemática la diligencia de entrada y registro del domicilio y los límites de esta por su afección al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, a la luz de las exigencias planteadas por el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, analizando la forma en que las mismas inciden en la práctica de la diligencia de entrada y registro de un domicilio en el ámbito penal. Uno de nuestros objetivos en este estudio es analizar como el uso de las nuevas tecnologías han interconectado el derecho a la inviolabilidad del domicilio, con el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad, desde el momento en que en el domicilio registrado existen equipos electrónicos de almacenamiento masivo de datos, que permiten almacenar y comunicar cantidades ingentes de información relevantes para la investigación pero, al mismo tiempo, reveladores de los aspectos personales e íntimos del individuo investigado y por ello susceptibles de protección. Analizando la problemática que se plantea para garantizar el derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio e impedir al tiempo que el delincuente se ampare en el mismo para la comisión del delito o evitar ser descubierto y así sustraerse a la acción de la Justicia, destacando al hacerlo la problemática actual planteada por la protección del entorno virtual del investigado, impuesta por el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Así como un estudio previo de los presupuestos de legalidad de la misma y de los elementos esenciales para su validez, efectuando un examen de los posibles supuestos que se dan en la práctica cotidiana de los órganos jurisdiccionales, junto a un detallado y amplio repaso de la forma en que se ha interpretado y aplicado esta figura en nuestro ordenamientos jurídico por los tribunales, siempre a través de un estudio profundo de la jurisprudencia existente en relación con estos derechos y conceptos jurídicos, desde la perspectiva práctica de nuestro proceso penal. Desde la reforma introducida en nuestra LECrim por la LO 13/2015, podemos hablar de la existencia de una protección especial al entorno virtual del investigado en el proceso penal, que incide directamente en los registros domiciliarios y se traduce en que el acceso a los contenidos de cualquier equipo informático por los agentes actuantes debe contar previamente con el presupuesto habilitante de una autorización judicial motivada. Esta resolución ha de dispensar una protección al imputado frente al acto de injerencia de los poderes públicos a través de los actos de investigación para esclarecer un hecho delictivo.
