En 2015 se introdujo en la Ley General Tributaria Española una medida consistente en la publicidad de las situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias (nuevo art. 95 bis). La publicidad se efectúa en listado de deudores. La inclusión en el listado es automática si el importe acumulado de las deudas y sanciones no pagadas en período voluntario supera la cantidad mínima establecida en la ley.
El Tribunal Supremo de España se ha pronunciado por primera vez sobre esta medida en cuatro sentencias que, entre otros pronunciamientos, declaran que las deudas y sanciones susceptibles de ser incluidas en el listado han de ser firmes y que el importe de las liquidaciones vinculadas a delito no pueden ser objeto de la publicidad administrativa citada.
Este trabajo analiza estas sentencias desde la perspectiva de los derechos fundamentales al honor y la intimidad personal y familiar, conforme a la jurisprudencia emanada del propio Tribunal Supremo y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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