En este comentario nos interesamos por el significado del deber de trabajar recogido en la Constitución Española y otras muchas a nivel internacional. Tomaremos como punto de partida el escepticismo doctrinal predominante en cuanto a la juridicidad de este deber para preguntarnos si, en contra de lo que algunos autores sostienen, es posible determinar la conducta exigida por esta disposición constitucional. Encontraremos la respuesta a este interrogante en la voluntad político-constituyente que justifica este deber: la quiso imponer obligación de autosuficiencia material de cada ciudadano y su contribución al bien común. Desde esta premisa, resolveremos que tal deber impone, con carácter general, la ejecución de una actividad económica lícita y demandada por el mercado.
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