Los órganos de control regionales e internacionales se están enfrentando en los últimos tiempos a
casos cada vez más complejos porque se tratan de situaciones en las que los individuos sufren violaciones por la
conducta (acciones y omisiones) de los Estados cuyos efectos se extienden fuera de sus fronteras, incluso sin un
contacto físico directo, de modo que los tradicionales modelos espacial y personal, que exigen un control efectivo
sobre una zona fuera de su territorio o sobre las personas, se convierten en títulos incapaces, al menos en su
interpretación clásica, de dar respuesta a la aplicación extraterritorial de los tratados internacionales de derechos
humanos. Ante esta realidad, están apareciendo nuevo vínculos o nexos jurisdiccionales, que podemos denominar
como procedimental y funcional. El primero de ellos se activaría por la iniciación de procesos relativos a la
salvaguarda de los derechos más allá del espacio jurídico convencional. El segundo tendría en cuenta la capacidad
del Estado para cumplir sus obligaciones, combinado con otros factores como la nacionalidad, la autoridad o
el poder, el conocimiento de la situación origen de las violaciones, el impacto o la influencia decisiva o la relación
causal entre los actos y omisiones estatales y la afectación de los derechos humanos.
