El presente trabajo versa sobre la declaración por videoconferencia en el proceso penal, especialmente cuando se trata del investigado o acusado. La oportunidad de éste se justifica en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de junio de 2024 (asuntos acumulados C-255/23 y C-285/23), cuyos interrogantes surgen de la necesidad de interpretación del art. 24 de la Directiva (UE) 2014/41 en relación con el procedimiento de cooperación, la intervención de las autoridades competentes y la condición procesal que ostenta el declarante. Por otro lado, tratamos la reforma producida en el ordenamiento jurídico español y el análisis del nuevo art. 258 bis LECRIM, que introduce disposiciones sobre la declaración por el citado medio técnico.
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