La presente aportación se centra en el análisis sobre la necesidad de autorización judicial en el sistema de asignación aplicable a las investigaciones transfronterizas regulado en los arts. 31 y 32 del Reglamento (UE) 2017/1939 por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, a la luz de la interpretación realizada por el propio órgano europeo y el Tribunal de Luxemburgo. Finaliza con un comentario crítico sobre la postura adoptada por la justicia europea y las consecuencias prácticas y legislativas que ello puede tener a nivel nacional y europeo.
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