La Decisión marco 2002/465/JAI fue transpuesta en España en la Ley 11/2003, de 21 de mayo, reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal en el ámbito de la Unión Europea. Al tiempo de su publicación fue una norma pionera para combatir la delincuencia transfronteriza, especialmente en la lucha contra el terrorismo. No obstante, su limitado ámbito de aplicación territorial, así como el insólito régimen dual, asimétrico y poco homogéneo de constitución de los equipos que establece, entre otras singularidades de nuestro sistema legal, están dificultando la deseable aplicación generalizada por parte de las autoridades españolas, en un contexto de crecientes desafíos en la lucha contra la criminalidad organizada, especialmente para un país como España geoestratégicamente situado en uno de los cinco ejes criminales del continente europeo. La presente contribución analiza las principales cuestiones controvertidas y disfunciones apreciadas en la práctica, realizando al mismo tiempo propuestas de mejora para un futuro marco legal en España.
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