La implementación de un sistema de transmisión de las condenas a penas privativas de libertad como consecuencia de la Decisión Marco 2008/909/JAI en el ámbito de la UE supone un importante paso en la consolidación del denominado Tercer Pilar, si bien la falta de homogeneidad de los sistemas penales de los Estados miembros genera importantes disfunciones que pueden poner en tela de juicio el principio de reconocimiento mutuo. En este trabajo se abordan diversos problemas que surge en la aplicación de esta normativa, especialmente en la ejecución de la condena transmitida, con especial referencia a las dudas que pueden surgir en las relaciones con Portugal.
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