Frente a lo extendido que resulta el examen de la aplicación espacial del derecho penal, dicho análisis no es frecuente en el derecho administrativo sancionador español. El trabajo parte del examen del principio de territorialidad, (en el derecho administrativo sancionador, no operan los principios de personalidad, protección de intereses y, mucho menos, justicia universal). Se diferencia entre personas físicas y jurídicas. En cuanto a las primeras, se estudian diversos supuestos. Cuando de omisiones puras se trata, ha de considerarse el lugar en el que se debería haber desplegado la acción inejecutada. En el caso de las infracciones de resultado (de acción positiva u omisión), singularmente en las de resultado diferido, habrá de tomarse como referencia tanto el lugar de despliegue de la actividad, como donde acaece el resultado (teoría de la ubicuidad). En las infracciones continuadas, así como en las permanentes, se ha de estar al espacio en que acaeció cualquier acto parcial. Por fin, en las hipótesis de infracciones de tránsito, no cabe asumir la aplicación del Derecho interno. Por lo que concierne a las infracciones imputables a las personas jurídicas, asumida la centralidad del hecho de conexión, se extraen conclusiones: tal hecho de conexión es al que hay que atender para determinar el locus commissi delicti y con él la norma sancionadora aplicable. El trabajo concluye analizando un caso especial: la aplicación del Derecho administrativo sancionador nacional a sociedades matrices extranjeras que operan en España y españolas que operan en el exterior: la respuesta es afirmativa sobre la base de diversas consideraciones que allí se efectúan.
