Las economías de escala globales se basan hoy en la producción a través de redes complejas de carácter transnacional que pueden llegar a tener un impacto negativo sobre los derechos humanos. La vinculación de la contratación pública a la promoción de objetivos sociales o medioambientales proporciona una clara oportunidad para los Estados de ejercer su obligación de proteger los derechos humanos, especialmente aquellos de las personas más débiles que se sitúan aguas-abajo en estas cadenas de producción y suministro, como es el caso del consumidor final. El trabajo presenta brevemente de qué forma puede ser utilizada la contratación pública en este sentido, para pasarse después al análisis de la relación que existe entre ésta, la responsabilidad social corporativa de las empresas y el desarrollo que ha conocido la cuestión a nivel europeo. Con exposición y análisis de la doctrina más reciente y la aportación de algunas posibles alternativas a los principales debates y problemas que suscita el tema.
