Estudio sobre el impuesto de sucesiones y donaciones de empresas familiares en Castilla y León

Abstract

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) ha suscitado un debate jurídico y político significativo en España en los últimos años, consolidándose como uno de los tributos más controvertidos del sistema fiscal debido a las marcadas disparidades normativas entre comunidades autónomas. Estos debates han planteado cuestiones de índole constitucional, particularmente en relación con la distribución de competencias y el principio de igualdad, generando un contexto de inseguridad jurídica y desigualdad territorial. En el contexto de Castilla y León, la normativa autonómica ha sido diseñada con el propósito de atenuar estas disparidades, estableciendo incentivos fiscales que buscan garantizar la continuidad de las empresas familiares, consideradas un pilar fundamental de la economía regional. Este tratamiento fiscal se inscribe dentro de un debate más amplio sobre la redistribución de la riqueza y el papel del ISD en la consecución de la justicia social. La politización de este tributo es notoria, con posiciones que oscilan entre su supresión total y propuestas de armonización fiscal a nivel estatal. En el contexto autonómico, Castilla y León ha buscado un equilibrio entre la protección de la empresa familiar y la necesidad de preservar la equidad fiscal, adoptando un marco normativo que, aunque favorable, enfrenta desafíos persistentes en materia de seguridad jurídica y armonización interterritorial. La evolución legislativa tiene como objetivo reducir la carga fiscal asociada al ISD, promoviendo la sostenibilidad y continuidad de las empresas familiares como motor económico esencial en la región.

The Inheritance and Gift Tax (ISD) has sparked significant legal and political debate in Spain in recent years, solidifying its status as one of the most controversial taxes within the fiscal system due to marked regulatory disparities among autonomous communities. These debates have raised constitutional questions, particularly regarding the distribution of powers and the principle of equality, creating a context of legal uncertainty and territorial inequality. In the context of Castilla y León, regional regulations have been designed to mitigate these disparities by establishing tax incentives aimed at ensuring the continuity of family businesses, considered a fundamental pillar of the regional economy. This fiscal approach is part of a broader debate on wealth redistribution and the role of the ISD in achieving social justice. The politicization of this tax is evident, with positions ranging from its total abolition to proposals for fiscal harmonization at the national level. Within the regional framework, Castilla y León has sought a balance between protecting family businesses and preserving fiscal equity by adopting a regulatory framework that, while favorable, continues to face persistent challenges in terms of legal certainty and inter-territorial harmonization. Legislative developments aim to reduce the tax burden associated with the ISD, promoting the sustainability and continuity of family businesses as a key economic driver in the region.