La Protección de los derechos fundamentales frente a las pruebas ilícitas: Especial referencia a la “Lista Falciani”

Abstract

El presente Trabajo Fin de Grado analiza la problemática de la admisión o exclusión de pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales en el proceso penal español. Partiendo del artículo 24.2 de la Constitución Española y del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el estudio examina el concepto de prueba ilícita, la doctrina de los “frutos del árbol envenenado” y la regla de exclusión de tales pruebas, así como sus excepciones y tratamiento en la jurisprudencia española. El análisis se concreta en el examen del caso práctico de la “Lista Falciani”, una base de datos obtenida ilícitamente por un empleado (Hervé Falciani) de la filial suiza del Banco HSBC. Esta información fue transmitida a las autoridades fiscales de diversos países, entre ellos España, desencadenando procedimientos tanto tributarios como penales contra contribuyentes que habían ocultado fondos en el extranjero. El trabajo revisa la postura adoptada por los tribunales españoles respecto a la admisibilidad de la prueba, distinguiendo entre pruebas ilícitas e irregulares y valorando la relevancia de su origen privado al tratarse de una actuación de un particular no vinculada a poderes públicos. Avanzamos que la jurisprudencia española ha considerado que la obtención de la “Lista Falciani” no vulnera directamente derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento español al no ser resultado de una actuación estatal que quebrante garantías constitucionales, sino de un particular actuando al margen de cualquier autoridad pública. En consecuencia, la información contenida en dicha lista ha sido admitida como prueba válida en procesos penales, desestimando la aplicación automática de la doctrina de “frutos del árbol envenenado”. Asimismo, el estudio recoge la evolución jurisprudencial y el debate doctrinal existente en torno a este criterio, analizando como otros ordenamientos jurídicos europeos han admitido también la utilización de dichas pruebas y reflexionando sobre los límites constitucionales en materia probatoria y la tensión entre la protección de derechos fundamentales y la eficacia de la persecución penal.