El primer texto que estableció una protección general de los consumidores y usuarios en España cumple 40 años, si bien es cierto que hace ya bastante tiempo que no sigue vigente la norma original. Las circunstancias inmediatas que provocaron la elaboración de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), como desarrollo de lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Española de 1978, dentro de los principios rectores de la política social y económica, son de sobra conocidas, y dieron paso a una norma de contenido acotado, a diferencia de los desarrollos normativos a los que hemos tenido que acostumbrarnos desde hace tiempo. Sin embargo, en esta norma no quedó recogido el derecho de desistimiento de un modo pleno, pues solo en el artículo 10.1.c) 2º original podía leerse una cierta aproximación cuando excepcionaba las cláusulas reconocidas al comprador en las modalidades de venta por correo, a domicilio y por muestrario de la consideración como cláusulas que, otorgando a una de las partes la facultad de resolver discrecionalmente el contrato, no se consideran contrarias a la buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones. Habría que esperar a normas posteriores para que este derecho quedara reflejado en el Derecho español, a través de la correspondiente incorporación de la norma comunitaria en el contexto de la evolución del mercado interior y la necesidad de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores.
