Las criptomonedas, que inicialmente surgieron como una fantasía de internet, se han presentado en los últimos tiempos como una opción de inversión de carácter descentralizado que permite potencialmente, dado su anonimato, la elusión de obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos y también de sanciones monetarias entre Estados. Así pues, el estudio de las criptomonedas supone, por su reciente aparición y por la ausencia de una Ley propia en España, (salvo los numerosos pronunciamientos de la DGT y normas de rango europeo), un reto necesario para la salvaguarda de los derechos individuales y de aquellos principios que inspiran el sostenimiento de los gastos públicos.
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