El análisis de la Ley 2/2013 y de la reformada Ley de Costas trata de dar respuesta a varios interrogantes que cualquier lego en derecho puede llegar a plantearse. En primer lugar, qué es el dominio público y si el adjetivo de “marítimo-terrestre” provoca variaciones en su régimen jurídico, de cara a conocer las consecuencias que de ello derivan. Cómo es la situación de alguien afectado por la Ley de Costas en un terreno de su propiedad, si influye el hecho de que sea nacional o extranjero, intra o extra-comunitario, cómo de rígida es ésta y si se aplica de igual forma a una casa unifamiliar y a un hotel serían preguntas comunes de alguien que intentase conocer las implicaciones de esta legislación. Querrá saber además qué régimen de transición tiene y durante que período se aplicará éste. Si se aplica de igual forma en todo el territorio nacional o existen variaciones entre las distintas Comunidades Autónomas en función de geomorfología. A raíz de estas cuestiones y de manera lógica, surgirá la siguiente pregunta: “¿Qué se va a hacer con las construcciones que ya existen?”. Ésta es quizá la pregunta que más preocupa a un ciudadano de a pie, pero no la más importante. Es, desde mi punto de vista, de mayor relevancia, preguntarse qué fin tiene la nueva regulación, ¿preservar la costa?.
Exceto quando indicado o contrário, a licença deste item é descrito como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International