La regulación legal de las actividades de asistencia social en el Impuesto sobre el Valor Añadido en España, en virtud de las opciones que le permite la VI Directiva comunitaria de IVA, provoca problemas: vulneración del principio de neutralidad y distorsiones de la competencia, etc. Esta regulación declara exentas estas actividades en el caso de su realización por entes públicos y entidades de carácter social, excluyendo al resto de entidades. En el trabajo se analiza la situación actual y los problemas que genera, realizándose una propuesta de ampliación de la exención con independencia del carácter jurídico del prestador del servicio. Se analiza someramente los efectos que dicha medida provocaría y, con la información disponible, se realiza una aproximación empírica de dos de ellos: efecto en la recaudación tributaria y efecto en la función de costes de las entidades que se verían afectadas por la medida.
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