La existencia de una legislación ambiental cada vez más estricta, la alarmante proximidad de las zonas residenciales a las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) y el aumento de las expectativas ciudadanas con respecto a los estándares de calidad ambiental exigidos a las compañías que explotan estas EDARS, han provocado un aumento substancial del número de quejas por contaminación odorífera en los últimos años. De hecho, más de la mitad de las quejas recibidas por las agencias medioambientales a nivel mundial son
debidas a malos olores. Basta con una revisión rápida de los principales periódicos de tirada nacional para darse cuenta de la enorme relevancia social que la contaminación por malos olores tiene en nuestra sociedad actual.
Aunque no constituyen una causa directa de enfermedad, una exposición continuada a emisiones odoríferas intensas puede afectar negativamente a la salud humana, causando nauseas, dolores de cabeza, insomnio, pérdida del apetito, problemas respiratorios, etc. Además, estas emisiones odoríferas conllevan un alto riesgo ocupacional en recintos poco ventilados de EDARs, como pueden ser las instalaciones de la línea de tratamiento de lodos. La contaminación por malos olores conlleva también un importante coste económico derivado de la devaluación de las propiedades situadas en las inmediaciones de fuentes de malos olores. Por consiguiente, la minimización y eliminación de emisiones odoríferas se están convirtiendo en dos de los principales retos a nivel mundial de las compañías explotadoras de EDARs, cada día más preocupadas por su imagen pública. En España, la inminente
aprobación del borrador de ley de contaminación por malos olores en Cataluña, junto con las vigentes legislaciones en municipios como Bañolas, Sant Vincent de Raspeig, o Lliça de Vall, etc. suponen para las EDARs una presión adicional en materia de gestión de la contaminación por malos olores.
