La selección de los trabajadores en el despido colectivo

Abstract

La reforma laboral del año 2012, ha supuesto un cambio importante en el proceso de selección de los trabajadores afectados por un despido colectivo. Al suprimirse la autorización administrativa, la libertad de elección del empresario es casi ilimitada si se ajusta a las causas motivadoras del mismo. Las prioridades de permanencia que establece nuestra legislación son muy reducidas, y limitadas a los representantes de los trabajadores en sus diferentes estatus. Y, si bien es un requisito ineludible la entrega de los criterios de selección por parte del empresario, en realidad todo queda reducido a un posible acuerdo negociador en el periodo de consultas, que, si bien es frecuente, no es obligado, o a que existan disposiciones en convenio colectivo, lo que es muy infrecuente. Esta falta de limitación legal, está siendo cubierta por una doctrina jurisprudencial muy interesante, tanto fruto del TJUE como de nuestro TC y TS, que han concretado límites en colectivos sensibles socialmente y merecedores de una cierta protección, como son, las mujeres embarazadas y los trabajadores de más edad. Y no menos importante, está siendo el tratamiento del despido colectivo en las Administraciones Públicas.

The reform of 2012 has meant a major change in the process of selecting workers affected by a collective dismissal. Since the abolition of the administrative authorization, the freedom of choice of the employer is almost unlimited if it fits the motivating cause. The priorities of tenure established by our legislation are very small, limited to the worker’s representatives in their different statuses. And while it is an inescapable requirement, the employer's surrender of the selection criteria, in reality everything is reduced to a possible negotiating agreement in the period of consultations, which although is frequent, is not obligatory, or, that there are provisions in collective agreement, which is very uncommon. This lack of legal limitation is being covered by a very interesting jurisprudential doctrine, both fruit of the TJEU, and of our TC and TS that have established limits in socially sensitive groups that deserve a certain protection, such as pregnant women and older workers. And no less important is the treatment of collective dismissal in public administrations.