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dc.contributor.advisorPablo Serrano, Alejandro Luis dees
dc.contributor.authorPalomo Rodríguez, José Manuel
dc.contributor.editorUniversidad de Valladolid. Facultad de Derecho es
dc.date.accessioned2021-08-18T11:15:09Z
dc.date.available2021-08-18T11:15:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://uvadoc.uva.es/handle/10324/47885
dc.description.abstractSin lugar a dudas, la modernización de los vehículos ha traído como consecuencia un aumento del riesgo en las diferentes actitudes de los usuarios de la vía con respecto al tráfico, lo que ha generado una respuesta penal, reforzando la protección de bienes jurídicos esenciales, como son la vida y la integridad física la cual, sin duda, contribuyendo a la constitución de la ética de la población en lo que respecta a la seguridad vial, lo que ha propiciado el cumplimiento de las normas administrativas, todo ello con el fin último de obtener una seguridad vial completa. Esto hace que colectivos tales como, Jueces, Magistrados, Fiscales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente Guardia Civil y Policía Local, estén totalmente involucrados en la lucha por la disminución del número de delitos contra la seguridad vial que se cometen, siendo instruidos gran número de atestados, penados en su mayoría, localizados como resultado de intervenciones en relación con la ocurrencia de siniestros viales, además de realizar por estos últimos, cuantiosos controles preventivos, lo que deriva en una reducción del número de fallecidos a causa de los referidos accidentes. Sí que es verdad que, es necesaria una alícuota contestación penal que sea coaccionadora para los individuos de la Sociedad, completándose con el ámbito sancionador administrativo, convergiendo sendas partes del ordenamiento jurídico. Esto ha favorecido que, los usuarios de las vías objeto de la legislación de tráfico, obedezcan la normativa vial, haciendo que, poco a poco, haya sido inculcada la solidaridad entre las personas, tan necesaria para que se cumpla la legislación. Pero hay que reseñar que, no solo se puede luchar contra la consecución de la siniestralidad 0 a través del Derecho Penal o de las normas administrativas sancionadoras. Los Poderes Públicos deben arbitrar políticas de prevención general consistentes en fomentar esos valores solidarios antes expresados, así como de prevención especial con aquellos individuos condenados para evitar la reiteración delictiva. En el presente trabajo, se describen los diferentes medios que utilizan las distintas Administraciones para combatir el problema de la siniestralidad vial y, especialmente la realización de delitos contra la seguridad, problemas de orden mundial incluso, en el que el papel del Criminólogo cobra especial interés, como experto en la elaboración de perfiles que puede propiciar una buena intervención de las diferentes políticas de prevención.es
dc.description.sponsorshipDepartamento de Derecho Penal e Historia y Teoría del Derechoes
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.classificationSeguridad viales
dc.subject.classificationPolítica criminales
dc.titleDelitos contra la seguridad vial, derecho penal, criminología y política criminales
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.description.degreeGrado en Criminologíaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.subject.unesco5605.05 Derecho Penales


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