La Ley Concursal con el objeto de salvaguardar la actividad empresarial de aquellas
organizaciones en situación de insolvencia actual o inminente, ha sufrido numerosas
modificaciones desde su promulgación. Entre ellas, se introdujo en nuestro
ordenamiento el concurso de acreedores que, a pesar de perseguir la satisfacción de los
créditos de acreedores y la conservación de la actividad empresarial, su aplicación no ha
resultado eficaz en buena parte debido a los plazos procesales. Asimismo, en dicha Ley
también se recoge la posibilidad de la venta de las unidades productivas, una praxis
poco habitual en los procedimientos concursales españoles.
A raíz de esto, el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, mediante la redacción de
directrices para el procedimiento de tramitación del pre-pack concursal, ha introducido
una nueva herramienta preconcursal de reestructuración societaria con precedente en el
Derecho comparado; todo ello dentro del contexto de la Directiva Europea 2019/1023
sobre reestructuración e insolvencia1. Sin embargo, no ha sido la única Comunidad
Autónoma que ha abogado por la puesta en marcha del pre-pack, habiendo redactado el
Juzgado Mercantil de Madrid una Guía de Buenas Prácticas. A su vez, la Comunidad de
Mallorca también ha defendido la puesta en marcha del pre-pack elaborando un
protocolo de actuación.
Se trata de un procedimiento donde la venta de la unidad productiva se realiza previa
declaración del concurso de acreedores bajo la supervisión de un experto independiente.
De esta manera, otorga al procedimiento concursal y preconcursal los principios de
flexibilidad, rapidez y dinamismo que evitan la degradación de los activos de la
empresa.
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