El cumplimiento de las penas privativas de libertad y su incidencia en los derechos fundamentales de los internos

Abstract

Las personas que están cumpliendo penas privativas de libertad ven mermados sus derechos fundamentales con el ingreso en prisión, quedando sometidos de esta manera a una relación de sujeción especial con la Administración penitenciaria. Haciendo un repaso a los distintos derechos podemos observar que existe una búsqueda de la ponderación entre los derechos fundamentales y la seguridad y orden necesarios dentro de prisión. Según ha ido avanzando la legislación, tanto internacional como nacional, se ha ido haciendo hincapié en proteger, siempre que sea posible, dichos derechos optando por las medidas preventivas menos gravosas para los internos. Los derechos que más afectados se ven tras el ingreso en prisión son el derecho a la libertad y a la intimidad. También cabe destacar la importancia de la educación en prisión para fomentar la reeducación y reinserción social, así como el respeto a las creencias religiosas de los internos, facilitando la ruptura del ambiente delictivo en el que están inmersos. Para lograr estos fines, la Administración penitenciaria será la encargada de velar por el respeto de estos derechos y de remover los obstáculos que se presenten.

People who are serving sentences of deprivation of liberty see their fundamental rights diminished with their entry into prison, thus being subjected to a special relationship of subjection with the Penitentiary Administration. Reviewing the different rights, we can see that there is a search for a balance between fundamental rights and the necessary security and order within the prison. As legislation has progressed, both international and national, emphasis has been placed on protecting, whenever possible, these rights, opting for less burdensome preventive measures for inmates. The rights that are most affected after entering prison are the right to freedom and privacy. It is also worth noting the importance of education in prison to promote reeducation and social reintegration, as well as respect for the religious beliefs of inmates, facilitating the breaking of the criminal environment in which they are immersed. To achieve these goals, the prison administration will be in charge of ensuring respect for these rights and removing any obstacles that may arise.