La evolución legislativa en materia de criminalidad empresarial ha culminado con la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, condicionada a la comisión de delitos por
parte de directivos o subordinados, la existencia de un beneficio para la empresa y la presencia
de un defecto organizativo. Este defecto implica una falta grave en los deberes de supervisión
y control, vinculada a un déficit estructural en la entidad. Para exonerar o mitigar la
responsabilidad, se requiere la implementación efectiva de programas de cumplimiento y
acciones correctivas, así como la instauración de un modelo de prevención. La carga de la
prueba se centra en determinar la existencia de fallos como el defecto organizativo o la
eficacia de los modelos de prevención. El derecho a la prueba es fundamental, garantizando
un proceso justo y equitativo, donde la acusación y la defensa deben respaldar sus
argumentos con pruebas, destacando la importancia de los programas de cumplimiento. La
prueba documental, pericial y testifical son esenciales, respaldadas por normativas como la
Norma UNE 19601.
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