El artículo se centra en los problemas de calificación que plantea, en la práctica procesal, el ejercicio de una acción civil de cesación de una conducta anticompetitiva, constitutiva de un abuso de posición dominante y directamente relacionada con el contrato que vincula a las partes del litigio. A tales efectos, se parte del análisis de la decisión del TJUE en el asunto Wikingerhof, que clarifica uno de sus pronunciamientos más controvertidos en la materia, la sentencia Brogsitter. Del análisis realizado se deduce que la cuestión verdaderamente indispensable para calificar una acción como extracontractual ex artículo 7.2. RBIBis es, que la ilicitud que se invoca en la demanda resulte de una obligación que se impone al demandado con independencia del contrato, lo que particularmente sucede si una de las partes de la relación contractual no tuvo elección al celebrar el contrato controvertido y se vio obligada a soportar los efectos de las modificaciones posteriores de las condiciones generales impuestas por la otra parte, dada la posición de fuerza de la que esta última disfruta en el mercado.
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