Investigación interna en las personas jurídicas: videovigilancia y control de las comunicaciones

Abstract

Las medidas de vigilancia y control en el ámbito laboral son herramientas imprescindibles para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la actividad empresarial. No obstante, su implantación puede plantear conflictos laborales. Para una correcta adopción, se requiere garantizar el equilibrio entre el ejercicio de esta prerrogativa por parte del empresario y los propios derechos de los trabajadores. Dada la naturaleza interpersonal de la relación laboral, cuando de la adopción de estas medidas se infiere un desequilibrio de posiciones, puede producirse la vulneración de derechos de los trabajadores y, consecuentemente, provocar conflictos, tanto en el entorno laboral como en sede judicial. Es por ello que este trabajo buscará determinar hasta dónde puede llegar el empresario en su facultad de supervisión, qué garantías deben respetarse para evitar la vulneración de derechos fundamentales, así como estudiar las consecuencias de utilizar, en el régimen sancionador o en ámbito judicial, pruebas obtenidas con la inobservancia de estas garantías.

Surveillance and control measures in the workplace are essential tools adopted by the employer to guarantee safety and the correct development of his activity. However, their implementation may give rise to labour conflicts. For their effective adoption, proper advice is required to ensure a balance between the exercise of this right by the employer and the workers' own rights. Given the interpersonal nature of the employment relationship, when the adoption of these measures leads to an imbalance of rights, this can lead to infringements of workers' rights and, consequently, to conflicts, both in the workplace and in the courts. It is therefore essential to determine how far the employer can go in his supervisory powers and what guarantees must be respected in order to avoid the infringement of fundamental rights, as well as to study the consequences of using evidence obtained in breach of these guarantees in the sanctioning system or in the judicial sphere.