La Inteligencia Artificial en el Derecho administrativo

Abstract

Lo que antes parecía una "visión futurista" se ha convertido en una realidad que transciende a múltiples ámbitos, entre ellos la Administración Pública. La digitalización ha abierto la puerta a una gestión pública mucho más eficiente, transparente y accesible, pero también plantea controversias que debemos abordar, ¿qué ocurriría si las decisiones administrativas automatizadas en lugar de agilizar los procesos administrativos terminasen vulnerando derechos fundamentales? Este trabajo examina como la IA puede transformar la gestión pública y, al mismo tiempo, los riesgos que conlleva, como sesgos algorítmicos, opacidad en los procesos y posibles vulneraciones de derechos esenciales como la igualdad -art.14 C.E.- o la tutela judicial efectiva -art.24 C.E.- Porque la tecnología, por innovadora que sea, no puede sustituir el principio de legalidad ni desdibujar las garantías propias de un Estado de Derecho. A través del análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal, se abordan los desafíos o retos jurídicos que plantea la IA en el derecho administrativo y se proponen soluciones efectivas: auditorías algorítmicas, supervisión humana, capacitación digital de los funcionarios y mecanismos de control, entre otros, para garantizar que la digitalización sea sinónimo de justicia, y no de indefensión. Por ello, su implementación debe ser ética, garantista y siempre al servicio de los ciudadanos, evitando que la tecnología se convierta en una barrera en lugar de un puente hacia una gestión pública más justa y accesible. Este trabajo no sólo pretende analizar los riesgos, sino también reivindicar una digitalización responsable: una en la que la IA no sea una "black box" que decida sobre la vida de los ciudadanos sin control, sino una herramienta transparente, justa y diseñada para servir a la sociedad; garantizando que la digitalización administrativa no se convierta en un experimento sin normas, sino que debe construirse sobre la base del respeto a los derechos fundamentales, garantizando que la innovación y la justicia avancen siempre de la mano.

What once seemed like a ‘futuristic vision’ has become a reality that transcends many areas, including public administration. Digitalisation has opened the door to a much more efficient, transparent and accessible public administration, but it also raises controversies that we must address: what would happen if automated administrative decisions, instead of speeding up administrative processes, ended up violating fundamental rights? This paper examines how AI can transform public management and, at the same time, the risks it entails, such as algorithmic biases, opacity in processes and possible infringements of essential rights such as equality -art.14 C.E.- or effective judicial protection -art.24 C.E.- because technology, however innovative it may be, cannot replace the principle of legality or blur the guarantees inherent to the rule of law. Through normative, jurisprudential and doctrinal analysis, the legal challenges posed by AI in administrative law are addressed and effective solutions are proposed: algorithmic audits, human supervision, digital training of civil servants and control mechanisms, among others, to ensure that digitisation is synonymous with justice, and not helplessness. Therefore, its implementation must be ethical, guaranteeing and always at the service of citizens, preventing technology from becoming a barrier instead of a bridge to a fairer and more accessible public administration. This work not only aims to analyse the risks, but also to call for a responsible digitalisation: one in which AI is not a ‘black box’ that decides on citizens' lives without control, but a transparent, fair tool designed to serve society; ensuring that administrative digitalisation does not become an experiment without rules, but must be built on the basis of respect for fundamental rights, guaranteeing that innovation and justice always move forward hand in hand.