Las comunidades autónomas españolas han ido desarrollando en las últimas décadas
diferentes programas regionales de garantía de rentas que se enmarcan en
el contexto de las políticas públicas para combatir la pobreza y la exclusión social
y que incluyen unas rentas mínimas de inserción. El desarrollo territorial de este
último recurso ha resultado desigual, conformándose así sistemas regionales con
diferente grado de generosidad, cobertura, características y alcance. En este trabajo
se analizan empíricamente esas diferencias a partir de la aplicación de la técnica
de análisis de conglomerados. Los resultados confirman, junto a la relevancia del
recurso, la necesidad de reorientar el sistema en aras de la consecución de un modelo
territorial equilibrado y garante de la igualdad de derechos y oportunidades
de todas las personas.
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