Patrimonio y territorio en España: fundamentos y estrategias para la gestión de la cultura territorial

Abstract

La consideración y valoración política y económica del patrimonio histórico, que por mor de una singular combinación de olvido y necesidad etiquetamos como cultural, constituye un fenómeno relativamente reciente que ha generado, desde comienzos del siglo XXI, en apenas tres lustros, una inabarcable colección temática y territorial de «documentación gris o de información gris, en tanto que formas de la llamada literatura no convencional» (García, 1998); es de común conocimiento también que el estudio geográfico del patrimonio, es decir, la investigación acerca de su significado territorial, que ha sido una constante en la Geografía desde mediados del siglo XX, nunca tuvo el reconocimiento y el carácter monográfico que tiene en la actualidad; y es igualmente cierto que, al compás de las modas e intereses sociales de los últimos años del siglo XX, la preocupación geográfica por el patrimonio se ha maximizado y ha pasado también a ser finalista, es decir, que se ha empezado a abordar como fin en sí misma, hasta el punto de que la investigación científica ha seguido la estela de la ingente documentación generada por las instituciones, en sus múltiples escalas, con el fin de documentar, para su ulterior explotación, la diferencia, la singularidad patrimonial y por ende territorial (Muriel, D., 2015). Este inusitado interés administrativo y académico-disciplinar se debe a la conjunción de dos circunstancias probablemente irrepetibles en su particular estado de necesidad: en primer lugar, y tras la aprobación de la Constitución Española de 1978, se procedió de forma explícita a la sobrevaloración de determinados elementos patrimoniales, en tanto que depositarios de identidad, por ser la «hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes», tanto la que está conformada por recursos no deslocalizables, es decir, los que tienen que aprovecharse in situ, como aquella otra hacienda constituida por determinados atributos inmateriales asociados a un territorio, en tanto que escenario o soporte de acciones en él acaecidas, para justificar una progresiva publificación del mismo. Y en segundo lugar, la consideración del patrimonio como yacimiento económico y laboral alternativo, tras la repetida sucesión de crisis que desembocan en la quiebra del modelo productivo dominante al finalizar el siglo XX (Di Méo, 1994); una perspectiva según la cual el patrimonio debe dejar de percibirse como carga, o como materia a la que se presta atención solo con carácter remedial, para considerarse como un recurso esencial del nuevo modelo productivo en algunas regiones, estrechamente asociado a su explotación como producto turístico alternativo al modelo de ocio y turismo de sol y playa dominante en la segunda mitad del siglo XX. El encuentro entre ambos objetivos, políticos –concebidos para gestionar las nuevas identidades–, y económicos –como alternativa al modelo productivo dominante–, y la confluencia de los intereses privados –la propiedad de los recursos– frente a los públicos, posee un alto potencial de conflicto, especialmente porque el patrimonio cultural, considerado como una combinación singular de materia y memoria colectiva, como un producto social en definitiva, no deja de ser un punto de fuga, una anomalía, en un territorio generalmente registrado, poseído a título individual. La solución encontrada en las últimas décadas para resolver este potencial conflicto constituye una singularidad, ya que se ha asumido que, al margen de valores objetivos, homologables, «sólo es patrimonio lo que un grupo asume como tal en un momento histórico determinado» (Fernández, 1996), con objeto de asumir la responsabilidad de su custodia, lo que implica el descubrimiento o redescubrimiento del bien, su inventariado y ordenación para protegerlo, y su explotación sin ayuda exterior ni merma de sus propiedades, es decir, de forma sostenible. Y al hacerlo, la sociedad decide excluir del proceso mercantil al uso, un conjunto de bienes que se declaran, se acondicionan y se protegen en tanto que productos «de interés», pero de Interés Cultural, para su ulterior empaquetado como recurso turístico, insertándolos en un nuevo e inesperado circuito en el que volver a extraer valor, prolongando así la vida útil de los bienes que alcanzan tal categoría, la categoría patrimonial.