Las continuas reformas sobre los procedimientos de insolvencia introducidas en la última década han derivado en un derecho concursal disperso y desacorde a la realidad económica del país. El régimen jurídico de la administración concursal no ha sido ajeno a esta regulación caótica. Sus profundas reformas aunque de forma tardía, han tratado de simplificar un procedimiento largo y costoso para los intereses de los participes, situación agravada por la ausencia de un necesario desarrollo normativo y por la complejidad de la normativa europea
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