La crisis económica y financiera han originado, como es sabido, unas consecuencias
sociales y económicas dramáticas en España, no exentas de alarma y escándalo social
(preferentes, desahucios…), pero ha originado también la necesidad de una reforma
profunda del sistema financiero con el fin de establecer un nuevo régimen y una profunda
reestructuración de las entidades de crédito. La mayoría de los autores coinciden en que la primera fase de la reforma normativa
tuvo lugar entre 2009 y 2012, a través de diferentes disposiciones legales con el fin de
tomar medidas urgentes sobre los recursos propios y el saneamiento de los balances de las
entidades financieras y de crédito españolas.
Al mismo tiempo, se ponía de manifiesto la pérdida de la autonomía o soberanía
nacional en la materia , debido por una parte a la necesaria financiación exterior y por otra a
la ineludible normativa de la UE en materia de supervisión bancaria, regulación, control,
etc, todo ello para lograr cierta estabilidad del sistema español y al mismo tiempo acabar
con recelos internacionales sobre la situación española, ya que esta podía arrastrar en su
caída a otras economías europeas e incluso extraeuropeas, si bien éstas en menor medida.
