Los contratos públicos, con carácter general, se encuentran sometidos al principio de riesgo y ventura, por lo que el contratista está expuesto a las vicisitudes que puedan acaecer durante la ejecución de estos, sin tener garantías de recuperar las inversiones realizadas o cubrir los costes.
Sin embargo, durante la vida del contrato pueden sobrevenir circunstancias imprevistas que alteren su equilibrio económico haciendo necesarios mecanismos de compensación que garanticen el mantenimiento de la ecuación financiera. Siendo la contratación pública de una materia especialmente influida por la normativa comunitaria, el presente trabajo pretende analizar los mecanismos arbitrados por las Directivas para hacer frente a los supuestos de fuerza mayor, riesgo imprevisible y factum principis y su trasposición al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Además, tratándose el equilibrio económico de los contratos una cuestión eminentemente casuística se analizará la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su labor de interpretación y aplicación de las Directivas, y su influencia en la normativa actual.
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