El delito de tortura: contexto sustancial y procesal en la legislación española

Abstract

El delito de tortura está tipificado en España en el Título VII del Código Penal, en los artículos 174 a 176, junto a otros delitos contra la integridad moral. Su regulación en España siguió un proceso largo e inconsistente, hasta la promulgación del Código Penal de 1995. De manera similar al resto del ordenamiento jurídico, la regulación de la tortura ha ido avanzando en consonancia con la situación política y social del país, y se ha visto igualmente influenciado por el contexto internacional y el proceso de integración europea que emprendió España incluso durante el régimen franquista. Los instrumentos normativos, institucionales y judiciales para la persecución de la tortura se han desarrollado notablemente en las últimas décadas, a pesar de lo cual se trata de una práctica lejos de erradicarse. Los problemas procesales derivados de la restricción de derechos fundamentales en el marco del régimen de incomunicación impiden prevenir la comisión de estos delitos efectivamente, perjudican la labor de los agentes jurídicos y ponen en duda la integridad misma del ordenamiento jurídico democrático.

Torture as a crime is typified in Spain in its Penal Code’s Title VII, articles 174 to 176, alongside other crimes against moral integrity. Its regulation in Spain followed a long, inconsistent process until the enactment of the 1995 Penal Code. In a similar way as the rest of the legal order, the regulation of torture has advanced in coherence with the political and social situation in the country, and has been influenced by the international context, specially by its european integration process, even during the franquist regime. The normative, institutional and judicial isntruments for prosecution of torture have developed notably during the last decades, although this criminal practice is far from erradication. The procedural problems derived from fundamental rights restrictions inside the incommunicado regime doesn’t allow to prevent effectively the perpetration of these crimes, harming the intervention of the legal agents and arising doubts about the integrity of the legal democratic order in itself.